Tres jornadas de intensos debates, de importantes acercamientos entre posturas no coincidentes y de una cierta audacia para abordar cuestiones siempre espinosas e incluso comprometidas han sido quizás las caracteristicas principales del VII Congreso de la Abogacía celebrado en Sevilla el pasado mes de Abril.  

Normas de reparto de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao

El pasado día 23 de Enero y dentro del marco de la celebración de la festividad de San Raimundo de Peñafort se ha celebrado en Barcelona una nueva edición de los encuentros de la Federación de Barreaux de Europa en los que bajo el título genérico "El perímetro de la profesión de Abogado y profesiones afines" se abordaron diversas cuestiones que conforman las limitaciones entre profesiones ocasionalmente tangenciales. En esta ocasión, nuestro Colegio estuvo representado por el hoy nuestro Decano Eduardo Escribano Villán.

El Consejo General de la Abogacía ha hecho saber a través de la correspondiente circular los aspectos de la Ley de Régimen Jurídico de la Administraciones Publicas que tienen una mayor y más directa incidencia en la organización colegial y en el procedimiento de los expedientes sancionadores cuyo contenido es el siguiente:

1.- Obligación de Resolver (Art.42)- Se establece la obligación de dictar resolución expresa y notificarla en todo caso, incluidos los supuestos de prescripción, renuncia, caducidad, desistimiento y desaparición del objeto. El plazo máximo en que debe notificarse la resolución no podrá exceder de seis meses, salvo norma legal o comunitaria en contrario.

2.- Silencio Administrativo (Art.43)- Se establece como regla general el silencio positivo , si bien, en los procedimientos de revisión de actos o disposiciones o en los iniciados de oficio, el silencio tendrá efectos negativo o desestimatorio.

Se suprime la certificación de actos presuntos, de forma que por el transcurso del plazo se entenderá producido un acto estimatorio o desestimatorio.

3.- Caducidad (Art.44)- En los procedimientos sancionadores, transcurrido el plazo máximo (seis meses) sin haberse notificado la resolución, se producirá la caducidad, debiendo el órgano administrativo dictar resolución expresa en tal sentido. Es decir, dentro del plazo máximo, habrá de notificarse la resolución. Se suprime el plazo de 30 días posterior para declararla.

4.-Notificaciones- Vienen reguladas en los artículos 58 y siguientes.

5.- Recursos de Alzada y Potestativo de Reposición- Los artículos 114 y 115 regulan el recurso de alzada en forma similar al precedente recurso ordinario, si bien prevén el plazo de tres meses para su interposición contra actos presuntos. El plazo máximo para resolver y notificar es de tres meses transcurrido el cual se podrá entender desestimado.

Los artículos 116 y 117 reinstauran el recurso potestativo de reposición, que podrá interponerse, entre otros actos, contra las resoluciones de los recursos de alzada, en el plazo de un mes o tres meses, según hubiere recaído o no resolución expresa en el recurso de alzada.

6.-Posibilidad de delegar la Potestad Sancionadora- Por la expresa dicción del artículo 13, y atendiendo a la supresión en el 127.2 de la frase "... sin que pueda delegarse en otro órgano distinto", queda admitida la delegación para el ejercicio de la potestad sancionadora.

7.- Régimen Transitorio (Disp.Transit. 1º y 2º)

Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de la nueva Ley, se regirán por la normativa anterior, pero será de aplicación respecto a los mismos el sistema de revisión de oficio y de recursos regulados en la presente Ley.

Como en los últimos años para este próximo mes de Agosto se va a elaborar un listado con todos aquellos compañeros que lo deseen con el fin de cubrir el servicio de la Asistencia al Detenido.  

Los ciudadanos afectados por el mal funcionamiento de la justicia han reclamado entre 1995 y 1998 más de 1.300 millones de pesetas. A lo largo de este período se abrieron 534 expedientes de los cuáles, el Consejo General del Poder general, en su dictamen preceptivo aunque no vinculante informó favorablemente 213 de los que el Ministerio de Justicia estimó un total de 111 y pagó algo más de 113 millones de pesetas.

Aspectos deontológicos del secreto profesional

Ante la modificación de la Disposición Adicional 15 de la Ley 30/1995, de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados, por la que todos los colegiados que actúen por cuenta propia tienen la obligación de estar protegidos por un sistema de previsión social, ya sea su Mutualidad profesional o el RETA, la Mutualidad de la Abogacía recuerda, en circular del pasado mes de Marzo, la obligación de contar con esta cobertura advirtiendo además que quienes opten por el RETA no podrán cambiar con posterioridad esta decisión y si el interesado, teniendo derecho, no optara por incorporarse a la Mutualidad, no podrá ejercitar dicha opción con posterioridad.

La Mutualidad, en esta misma circular señala que "atendidos los graves perjuicios que nos podrían afectar, es muy importante conocer que todos los abogados y abogadas en ejercicio por cuenta propia hemos de contar con alguna de las opciones de previsión social indicadas --Mutualidad o RETA--, teniendo presente que aquellos colegiados que no se encuentren bajo la protección de ningún sistema de previsión, si no se dan de alta en ninguna de las opciones previstas antes del 31 de Marzo de 1999, tendrán que estar de alta en el RETA con efectos desde 1º de Enero de 1999."

Asimismo, prosigue esta circular "queremos informar que a partir del 1º de Enero todas las aportaciones realizadas a la Mutualidad profesional que actúe como alternativa al RETA, tienen la consideración de gasto deducible para la determinación del rendimiento neto de la actividad profesional en la declaración del IRPF, siempre con un límite de 500.000 pesetas año (art.28 Ley 40/1998 del IRPF).

Igualmente también tienen la consideración de reducción de la base imponible las aportaciones realizadas por mutualistas a partir del 1º de enero de 1999 en la parte que tenga por objeto las coberturas de jubilación, invalidez, viudedad, con un límite del 20% del rendimiento neto o 1.100.000 pesetas año (art.46 Ley 40/1998 del IRPF)".  

En el último Congreso Vasco de la Abogacía de 1997, se urgió la adopción de las medidas necesarias para salir de la situación que describía el informe estadístico sobre la Abogacía. En el Congreso Vasco se mandató al Consejo Vasco para que desarrollara un plan de acción y ejecutara las propuestas acordadas. En este sentido, el Consejo Vasco de la Abogacía ejecuta este mandato estableciendo y desarrollando un plan de formación continua de nuestra Abogacía.

Esta es una más de las medidas a adoptar con el fin de conseguir que nuestro abogados se adapten a las condiciones de competitividad, tengan una formación jurídica actual, y se acerquen a aquellos campos profesionales en los que se perciben mayores posibilidades de desarrollo futuro.

Esta inquietud de la Abogacía Vasca, es compartida en otros paises de la Unión Europea que contempla exigencias obligatorias de formación continua para los Abogados como son Holanda y Reino Unido entre otros.

Este articulo tiene por finalidad informar de los objetivos, lineas estratégicas y cauce de ejecución de los planes de formación continua del Consejo Vasco de la Abogacía.  

En pasadas fechas ha tenido lugar, según se indicaba en la convocatoria que remitió el Consejo Vasco,  la selección de la persona encargada de coordinar y desarrollar los acuerdos que le encargue el Consejo. Después de haberse examinado las casi 40 solicitudes habidas de compañeros de los tres Colegios, ha resultado seleccionado el compañero de Alava y abogado en ejercicio, Fernando Campo Antoñanzas.  

 15 de Abril de 1999

            Las graves agresiones caninas sufridas en los últimos tiempos han generado una gran alarma social. La sociedad demanda una respuesta legal a fin de controlar y prevenir este tipo de sucesos.

            Como consecuencia de esta situación, el 15 de abril de 1999, el Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya celebró en el salón de actos una jornada sobre la responsabilidad por daños causados por animales, la legislación y la futura regulación en la que participaron los siguientes ponentes presentados por Doña Juana María Balmaseda, Vicedecana en funciones de nuestro Colegio:

            1. Don Eduardo Sotomayor Anduiza. Abogado, Profesor de la U.P.V. y miembro de SEAIDA cuya ponencia trató de la realidad normativa y jurisprudencial sobre responsabilidad por daños causados por animales.

            2. Doña Sylvie Pastor Garro. Abogada del Colegio de Abogados de París que realizó un análisis de la Ley francesa 99–5 de 6 de enero de 1999, relativa a los animales peligrosos y errantes, y a la protección de animales, junto a una visión de la Jurisprudencia en Francia.

            3. Don Javier Martínez Martínez. Vicesecretario de la Real Sociedad Canina de España y responsable del capítulo de pruebas de trabajo y utilidad, que expuso la posición de la R.S.C.E. ante la futura regulación y el futuro de las denominadas razas peligrosas.

            4. D. Jose María González de Castro. Letrado adscrito al Departamento de Agricultura del Gobierno Vasco, que informó sobre las medidas de control y previsión de situaciones de riesgo, actuaciones del Gobierno Vasco en la materia y regulación existente en el ámbito autonómico.