Boletin 86

(Pgs. 1 a 3)

LA DEFENSA DE LA DEFENSA

Ante la citación de nuestro Decano por el Juzgado de Instrucción nº 6 de Bilbao, para declarar como imputado, hecho del que habéis tenido noticias por nuestra anterior circular y por lo publicado en los medios de comunicación, es nuestro deseo informaros comenzando con una breve cronología de los hechos al objeto de que sean conocidos por todos vosotros.

Con fecha 13.11.1998 se recibe en el Colegio un oficio del Juzgado de lo Penal nº 3 en el que se dice que por recibido un escrito (¿?) no ha lugar a mantener a la letrada al no aceptar el sistema de traducción simultánea del Euskera al Castellano para la vista oral por lo que se dirige al Colegio a fin de que prevea al acusado de un letrado que asuma su defensa, acepte el sistema de traductor y “se aparta” de la causa a la letrada hasta el momento defensora del acusado. La Junta de Gobierno inicia gestiones para recabar información sobre lo sucedido.

El 08.02.99 se recibe nuevo oficio del Juzgado de lo Penal nº 3 reiterando el contenido del anterior. Sin contestar a los dos oficios anteriores el 25.03.99 nuestro Decano recibe del Juzgado de lo Penal nº 3 de Bilbao una cédula de citación a fin de que comparezca en dicho Juzgado al objeto de practicarle requerimiento advirtiéndole que de no comparecer le afectarán los perjuicios legales establecidos.

Comparecido nuestro Decano en el Juzgado el 29.03.99, se le entrega Providencia en la que haciendo mención a los dos oficios anteriores se le requiere personalmente para que en el plazo de diez días proceda al nombramiento de Abogado de oficio y se le previene que de no cumplimentar dicho requerimiento podría incurrir en delito de desobediencia grave.

El 13.04.99 se presenta en el Juzgado certificación de acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno, a la vista de los datos de que disponía, en el sentido de no designar Abogado por el turno de oficio al entender que no concurrían los requisitos legales necesarios para ello en base al amplio y fundamentado informe jurídico preparado por un miembro de la propia Junta y que tras horas de trabajo y largos debates sirvió de motivación al acuerdo.

Cinco días después, esto es, el 19.04.99, tras nueva citación, el Decano vuelve a comparecer en el Juzgado entregándosele personalmente nueva Providencia fechada el día 14 anterior en la que a pesar del acuerdo e informe presentado el día inmediato anterior en el Juzgado se dice no haberse recibido en éste contestación alguna por parte del Colegio y se insiste en que a la letrada “se le apartó” de la defensa del acusado, que éste no ha nombrado ningún otro profesional y la letrada no ha respetado la normativa procesal, por lo que se reitera el requerimiento de nombramiento de Abogado de Oficio.

Con fecha 30.04.99, se presenta en el Juzgado nuevo acuerdo de la Junta de Gobierno, en relación con la Providencia anterior, señalando que dado que en dicha Providencia se dice que la letrada fue apartada de la defensa del acusado, se solicita respetuosamente de S.Sª. y dentro de un espíritu de colaboración la remisión a la Junta de Gobierno de testimonio o certificación de la resolución que acordó tal “apartamiento”, con indicación de si la misma es firme o no; se solicita de S.Sª. que confirme a la Junta de Gobierno si el acusado tiene designados a otros letrados en la misma causa, toda vez que la información facilitada a la Junta de Gobierno y a su Decano así lo indica.

Nuevamente citado el Decano para comparecer personalmente en el Juzgado, lo hace el 10.05.99 recibiendo nueva Providencia en la que se hace referencia a los oficios y requerimientos anteriores añadiendo otra vez la expresión “sin haberse recibido contestación alguna por parte del referido Colegio”, se reitera el requerimiento y se adjunta certificación en la que se expresa que en Providencia del mes de Noviembre anterior se tuvo por apartada a la letrada de la defensa del acusado siendo únicamente esta letrada la designada por el acusado en estos autos. Nada se dice sobre si la Providencia de “apartamiento” es o no firme como se interesaba.

En contestación a esa última Providencia y requerimiento, el 21.05.99 la Junta presenta en el Juzgado nueva certificación de acuerdo reiterando la solicitud de testimonio o certificación de si la resolución de acordar el “apartamiento” de la letrada es o no firme, que por el Juzgado se informe a la Junta si se ha requerido al acusado para que proceda a nueva designación de Abogado y si se ha efectuado tal designación y así mismo se interesó de S.Sª. que autorizara al Decano, Secretario o un Diputado de la Junta para examinar los autos con objeto de conocer más adecuadamente todas las circunstancias concurrentes del caso que permitan una solución fundada a las cuestiones debatidas. La respuesta del Juzgado es nueva citación de comparecencia personal al Decano que se produce el 23.06.99, recibiendo el Decano nueva Providencia en la que se vuelve a hacer referencia a los anteriores requerimientos de nombramiento de Abogado de oficio, añadiendo el Juez nuevamente la expresión “sin haberse recibido contestación alguna por parte del referido Colegio”, requiriendo nuevamente el nombramiento de Abogado de oficio y adjuntando certificación de la Sra. Secretaria en la que se hacía constar que la Providencia de “apartamiento” de la letrada no fue impugnada, adquiriendo firmeza, y que el acusado, requerido para que designara nuevo letrado no efectuó designación alguna, y por último denegando autorización al Decano, Secretario o Diputado de la Junta para el exámen de las actuaciones al estimar el Juez suficiente la certificación anterior.

En contestación a esa última Providencia, con fecha 05.07.99 se presenta en el Juzgado certificación de nuevo acuerdo de la Junta de Gobierno por el que se comunica al Juzgado que habiendo tenido conocimiento la Junta del recurso de reforma interpuesto por la letrada contra la Providencia de “apartamiento” entendía la Junta que decae toda intervención del Colegio para la designación de Abogado de oficio para el acusado, quién los días anteriores había procedido a efectuar nueva designación de letrado según información facilitada a la Junta; se le reiteraba al Juez la ignorancia de la Junta sobre el encaje procesal del “apartamiento”; se le solicitaba resolución fundada susceptible de ser recurrida en debida forma por la Junta ante el correspondiente órgano jurisdiccional a fin de que por la interpretación que aquel dictara en su día, resolver el conflicto interpretativo para mejor atender, en aras de la Justicia, futuros supuestos de índole análoga y se le reiteraba nuevamente al Juez la solicitud de tener vista de lo actuado, o testimonio de lo que para la solución del problema interesaba, y, en otro caso, que el Juez fundamentara la negativa a tal autorización para en este último supuesto poder la Junta igualmente recurrir tal denegación. La respuesta a este último acuerdo de la Junta fue una cédula de citación expedida el 15.07.99 por el Juzgado de Instrucción nº 6 de Bilbao dirigida a nuestro Decano citándole para comparecer en dicho Juzgado el día 21.09.99 a fin de ser oído en concepto de imputado como responsable de un presunto delito de desobediencia.

En la indicada fecha nuestro Decano compareció efectivamente en el Juzgado y prestó declaración por tiempo aproximado de 1 h., durante la cual estuvo acompañado por Eugeny Gay Montalvo, Presidente del Consejo General de la Abogacía, desplazado expresamente a Bilbao para mostrar con su presencia el apoyo del Consejo y de su Presidencia a nuestro Decano. Igualmente durante la declaración permanecieron en el Juzgado un centenar de compañeros, la mayoría vizcaínos y otros de Alava y Guipúzcoa, incluídos Decanos y Ex–Decanos.

La Junta de Gobierno quiere haceros participes de un problema que a todos nos afecta como colectivo y exponeros en síntesis las razones que han fundamentado la no designación de abogado de oficio en este caso:

1.- El principio de derecho de defensa y la libertad del ciudadano de elegir su abogado están por encima de otras razones. Si faltásemos a ese principio quebraríamos algo fundamental.

La Constitución en su art. 24 destaca y subraya entre otras seis o siete manifestaciones capitales de la tutela judicial efectiva, la defensa y asistencia de abogado. Y ese derecho de defensa se asienta sobre varios pilares fundamentales; uno, la libre designación de abogado y por ello la subsidiariedad de la designación de turno de oficio; otro, la independencia del abogado, estando ambos pilares íntimamente unidos.

Si se impone la designación sobre la libre elección y se limita la independencia con “apartamientos del defensor” quiebra el derecho de defensa o lo que es peor, se convierte en pura hipocresía, en algo puramente formal y, en definitiva, en una garantía vacía.

Si no hay independencia del abogado en la defensa, pronto no habrá independencia para el Juez y dejará de existir una verdadera tutela judicial.

El paralelismo es evidente, no cabe designar Juez distinto del predeterminado por la ley y tampoco cabe designar abogado distinto del libremente elegido por el cliente.

No puede un Juez ser apartado en un proceso, pues ello produciría un intolerable ataque a su independencia, salvo que se produjera con el procedimiento previsto por la ley y con observancia de todas las garantías.

De igual manera no cabe retirar de la defensa a un Letrado, si no es a través de los cauces previstos en la ley, con todas las garantías, pues de no hacerse así, no hay independencia y por tanto no hay verdadera defensa.

En definitiva, los que servimos a la justicia en nuestras distintas funciones, no podemos ceder a tentaciones de supuesta eficacia o de protección del principio de autoridad. Es una cuestión de justicia y no puede hablarse de justicia sin garantías, entre otras, el derecho de defensa que no es disponible por los Tribunales.

2.- Todas las decisiones tomadas en relación a los hechos que han motivado la citación como imputado de nuestro Decano han sido adoptadas por todos los miembros de la Junta de Gobierno de este Colegio previo estudio y análisis de los requerimientos efectuados y guiadas por un único fin, el cumplimiento estricto del ordenamiento jurídico y dentro de la voluntad mas respetuosa de colaborar con la Administración de Justicia.

3.- La Junta de Gobierno y Su Decano desde un principio han diferenciado a la hora de tomar decisiones el tema del Euskera y su problemática en la Administración de Justicia del “apartamiento” de un letrado, por considerar que nos encontrábamos ante un tema atinente exclusivamente al derecho de defensa y nombramiento de abogado de oficio en el que el Euskera era algo circunstancial, pues si se diera carta de naturaleza al “apartamiento”, mañana este se podría utilizar por cualquier otra razón.

4.- No existe ninguna norma reguladora del derecho de defensa que autorice a nadie (incluido el Juez) a sustituir la voluntad del cliente designando un abogado de oficio, ni ninguna norma que recoja la figura del “apartamiento” del Letrado.

5.- Es rigurosamente falso que la Junta de Gobierno y su Decano no hayan contestado a los requerimientos realizados por el Juez de lo Penal nº 3, quien ha hecho en todo momento oídos sordos a nuestras argumentaciones limitándose a insistir en su requerimiento sin fundamentar ni lo más mínimo su resolución e incluso negando el acceso a los autos para concluir deduciendo testimonio en orden a la imputación de nuestro Decano.

6.- El Juez de lo Penal nº 3 de Bilbao con su decisión de deducir testimonio por un presunto delito de desobediencia actúa en nuestra opinión con una total falta de responsabilidad constituyendo su actitud una reacción insólita, desproporcionada e injusta y un acto de desconsideración hacia todo el colectivo.

7.- La Junta de Gobierno mantiene a pesar de todo lo sucedido su firme voluntad de seguir colaborando con la Administración de Justicia esperando que a la mayor brevedad las actuaciones penales incoadas contra nuestro Decano sean archivadas.

8.- La Junta de Gobierno debe indicar que desde ciertos sectores judiciales y de nuestro propio colectivo se ha intentado instrumentalizar políticamente estos hechos; unos y otros se equivocan.

9.- Finalmente la Junta de Gobierno y su Decano quieren agradecer las muestras de apoyo recibidas de distintos estamentos, Decanos, otros Colegios y lo que es más importante, de vosotros.

Dada la imposibilidad -por problemas de espacio- de transcribir todas las muestras de solidaridad os reproducimos a continuación algunas de ellas por su significación e importancia:

- Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

“El Sr. Decano da cuenta de un episodio acaecido en Bilbao, a resultas del cual el Juzgado de Instrucción nº 6 de esa ciudad ha citado al Decano del Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya para prestar declaración como imputado en determinadas diligencias previas por aquel abiertas. En su virtud, la Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda:

Primero.- Proclamar, una vez más, la función sustancial que el abogado tiene en el ejercicio de la defensa.

Segundo.- Reiterar que el derecho de defensa no es tal si se prescinde de sus elementos nucleares, uno de los cuales, el derecho a la libre elección de abogado, resulta absolutamente insoslayable.

Tercero.- Poner de manifiesto que, por su condición esencial, tal derecho no es disponible por los tribunales, que no puede suplantar la voluntad del justiciable ni apartar del proceso a quien le defiende.

Cuarto.- Respaldar de manera incuestionable la actitud del Decano del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya, D. Eduardo ESCRIBANO VILLAN, y de la Junta de Gobierno que tan dignamente preside, y mostrar la repulsa que merece a esta Junta de Gobierno del Colegio de Madrid el hecho de que en un episodio de “defensa de la defensa” el Decano de aquella Corporación haya sido citado a declarar como imputado”.

- Acuerdo de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Oviedo.

“Enterada esta Junta de Gobierno de citación que tiene para el día 21-9-99 para declarar como imputado ante el Juzgado de Instrucción nº 6 de Bilbao en sesión celebrada en el día de hoy acordó solidarizarse con la postura adoptada por la Junta de Gobierno que V.E. preside y mostrarle nuestro apoyo más incondicional y por consecuencia el de este Colegio de Abogados de Oviedo”.

- Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria.

II.4.- Por el Sr. Decano de este Colegio se da cuenta del incidente surgido al Decano del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya, Excmo. Sr. D. Eduardo Escribano Villán, al que se le ha incoado un procedimiento criminal, como consecuencia de una actuación tenida en el desempeño del ejercicio a su cargo, acordándose por la Junta de Gobierno de este Colegio, solidarizarnos con el Sr. Escribano Villán, y ello al haberse estimado que su actuación fue correcta, al amparo del Derecho de Defensa.”

Gracias, compañeros y compañeras

LA JUNTA DE GOBIERNO

NUEVA OFICINA COLEGIAL EN EL PALACIO DE JUSTICIA

La Oficina del Colegio, sita en la C/ Barroeta Aldamar nº 10 dentro del edificio judicial de la Audiencia se encuentra ya en pleno rendimiento. Esta oficina sustituye a todos los efectos a la sede sita en la C/ Lersundi.

(Pg. 4)

Plazo para prestar la asistencia Letrada al detenido: principio de proporcionalidad

Cabe recordar a los colegiados inscritos en esta lista de turno que, si bien es cierto que el artículo 520.4º de la L.E.Cr. prevé que el Abogado designado para la asistencia letrada al detenido cuenta con un plazo máximo de ocho horas desde su comunicación al Colegio de Abogados, la misma debe efectuarse a la mayor brevedad posible. Y ello, no sólo porque así reza en primer lugar en el precepto aludido sino, también, porque la detención preventiva no puede suponer un adelanto de la pena, a la cual estaría contribuyendo el Letrado que se demorase en su intervención, prejuzgando, por otro lado, el comportamiento de su defendido.

Téngase presente que, conforme al artículo 17.2 de la Constitución, el plazo máximo de detención es de setenta y dos horas, y que en ese período debe tomársele declaración, siendo una de las obligaciones del Letrado verificar el estricto cumplimiento del aludido plazo de detención. Es más, en el supuesto de procesados detenidos la primera declaración deberá efectuarse (art. 386 L.E.Cr.) dentro del término de veinticuatro horas.

La trascendencia de esta obligación, especialmente por los intereses en juego, queda igualmente patente en el tratamiento que a la asistencia letrada del detenido o preso hace la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, donde su artículo 29 refiere que “... en el orden penal se aplicarán, además de la reglas contenidas en la presente Ley, las garantías previstas en la L.E.Cr. con objeto de asegurar, en todo caso, el derecho a la defensa desde el mismo momento de la detención ...”, garantías que se extienden a miembros de otros países con los que exista reciprocidad e incluso, y como no podía ser menos, a los extranjeros aún cuando no residan legalmente en territorio español (art. 2 e). Y ha de ser tan inmediata la intervención Letrada que la propia Ley, invirtiendo el principio general que instaura, determina que en estos supuestos se procederá al nombramiento de Letrado sin perjuicio de verificar con posterioridad su capacidad económica (art. 3.5º).

Por su trascendencia, cabe subrayar los efectos de la inasistencia en plazo:

a) sobre los derechos del detenido (ex art. 520.4º pf. 2º), “... podrá procederse a la práctica de la declaración o del reconocimiento de aquél, si lo consintiere...”, integrándose dichas diligencias en el atestado del que forman parte, pero sin sobrepasar el carácter legal de denuncia, lo que implica que deberá ser ratificada a presencia judicial y con asistencia letrada, si se pretende que tenga valor en el proceso;

b) respecto del Letrado, implicará la depuración de sus responsabilidades por parte de la Junta de Gobierno del Colegio o de la Comisión Colegial encargada del turno de oficio, conforme al Estatuto General de la Abogacía (arts. 57 y ss.) y el Reglamento de turno de oficio vigente en cada momento.

Por lo que respecta a la organización del sistema de guardias vigente en la actualidad en nuestro Colegio cabe apuntar que el Letrado que se halle de guardia debe estar ese día a la total disposición del órgano judicial o policial al que ha sido adscrito, no cabiendo excusas para demorar su asistencia.

Si bien es cierto que el calendario del Abogado viene determinado en gran medida por los propios órganos judiciales, pudiendo coincidir el día de guardia con la practica de otras actuaciones judiciales ineludibles, la antelación con la que se fijan las guardias da cierto margen para reorganizar nuestro dietario. No obstante, y para facilitar dicha disponibilidad, especialmente cuando se refiere al Juzgado de Guardia de Bilbao, en aquellos supuestos en que no podamos confiar tales actuaciones a otros compañeros, los Juzgados se avienen a cambiar las mismas con relativa frecuencia.

(Pgs. 17 y 18)

MOTIVOS DE DISENTIMIENTO CON EL INFORME DE LA PONENCIA AL PROYECTO DE LEC APROBADO POR LA COMISION DE JUSTICIA E INTERIOR

1.- Ambito de la Postulación Obligatoria.

Naturalmente, la abogacía no aprueba que existan áreas de actuación contenciosa exentas de la postulación letrada

Produce recelo la novedad del proceso monitorio y causa desazón que las solicitudes puedan extenderse en un modelo impreso.

Eso puede conducir al desembarco de determinada clases de intrusos, que entablarán peligrosas relaciones con nuestras clientelas; peligrosas para los particulares, porque esos semititulados carecen de formación y de limitaciones deontológicas.

2.- La Justicia Gratuita.

Con la exención de la intervención letrada preceptiva deviene problemático en muchos casos el beneficio de la justicia gratuita. Correlativamente, en esos casos, deviene también problemático el recobro de las costas, con perjuicio del más débil económicamente.

Estos son rasgos atávicos, como lo es el empobrecimiento de la cultura media de los operadores que tendrán acceso al proceso civil.

3.- Sábados como Día Hábil.

El mantenimiento de los sábados como día hábil es una ficción que sólo perjudica a los profesionales.

Igual que otros rasgos que se dirán, se ha optado siempre por el modelo más incómodo para los abogados (extrema dificultad para obtener la suspensión de un acto procesal por necesidades del letrado; supresión del primer período de pruebas; supresión del plazo de 10 días para formular las conclusiones...)

4.- Obligación a Procuradores.

Lo mismo hay que decir de la obligación que se impone a los procuradores de recoger de los litigantes contrarios copias selladas de los documentos trasladados. se les impone obligaciones que son propias de la Administración y con ello se recortan los plazos de que disponen los profesionales.

5.- Regulación de la Prueba Pericial.

La regulación de la prueba pericial ha acabado en un desastre sin paliativos con grave detrimento del principio de igualdad de armas. Al primar los informes libremente aportados por las partes, impone la superioridad del más poderoso económicamente y determinada la inferioridad técnica del demandado, con merma de la objetividad de la prueba.